Gasto público en educación superior

Las universidades del Estado orientamos nuestras capacidades y talentos a objetivos y necesidades de la sociedad y comunidades donde estamos presentes, sin considerar fines de mercado en los proyectos educativos.

Con acento en la excelencia, logramos generar transformaciones que favorecen al territorio, que se reflejan en cada estudiante y profesional que formamos para aportar al país.

Por esta razón, nuestros proyectos educativos deben contemplar costos de operación claramente definidos, planificados y ejecutados con gran eficiencia y resguardos legales. Más aún cuando los recursos de las universidades estatales son escasos, y el sistema de educación superior se financia de manera asimétrica en desmedro de lo público.

En nuestro país aún no se logra apoyar la educación pública universitaria mediante aportes basales significativos, sino que solo a través de un sistema de subsidio a la demanda. Pese a que nuestro rol y misión son totalmente diferentes al sector privado de educación.

A esto se suma que, las 18 universidades estatales del país, recibimos un bajo porcentaje de recursos por concepto de gratuidad. Por ejemplo, del total nacional de ese beneficio, solo un 13,3 % se destinó a estudiantes de universidades del Estado en 2022, según el informe de Contraloría “Financiamiento Público a la Educación Superior” de ese año. Es más, concentramos apenas 29,7% de la matrícula universitaria, y 16,6% de toda la educación superior chilena (SIES, 2023). Y este 2024, la gratuidad universitaria (pública y privada) alcanzará los 2 mil 172 millones de dólares. Es decir, 12,5% del presupuesto destinado a educación (MINEDUC).

Ante este panorama, es preciso analizar la eficiencia del gasto público, y cómo favorece a cada estudiante y profesional que formamos, incluyendo el nivel técnico de nivel superior (TNS).

Según un análisis de política pública del centro de estudios Impacta Inacap, publicado en 2023 —que consideró 48 instituciones de educación superior (IES) del país— como Universidad Arturo Prat (UNAP) somos altamente eficientes en cumplir nuestra misión educativa, con responsabilidad en la gestión de los recursos.

El estudio distribuyó las IES en cuatro cuadrantes, considerando rentabilidad económica lograda por quienes se titularon, y el promedio de fondos destinados por el Estado a gratuidad. En el análisis, la UNAP destaca en el cuadrante más difícil, con menos financiamiento, pero más alta rentabilidad alcanzada por sus egresados y egresadas. Lo que se traduce en un gran aporte a la movilidad social. El estudio atribuye tal resultado a factores diferenciadores, como las carreras impartidas, la vinculación con el territorio y variadas opciones de TNS. 

El mismo análisis concluye, entre otros puntos, que, si bien sus egresados y egresadas alcanzan alta rentabilidad laboral, son las IES de nivel técnico las que reciben menos recursos del Estado; un aspecto de gran relevancia para el sistema.

Como UNAP seguiremos aportando al territorio y la movilidad social, con una gestión eficiente, y esperando que las asimetrías del financiamiento a la Educación Superior del Estado cambien, en beneficio de nuestro país.