Privatización de la Educación Superior

Hoy, el alto grado de privatización de la educación superior en Chile, es resultado de reformas implementadas desde la década de los 80, que han ido paulatinamente debilitando la educación universitaria pública.

Chile invierte casi el 6,5% de su PIB en educación en todos los niveles de enseñanza, tanto gasto público como privado. De este, el 27% del presupuesto global en educación surge de fuentes privadas, específicamente por contribuciones de las familias y entidades no gubernamentales, superando el promedio OCDE de 16% de gasto educativo particular. Tal diferencia se acrecienta en la educación superior: en Chile, casi el 59% del financiamiento es privado (en países OCDE es 30%).

Este elevado nivel de financiamiento privado en Chile refleja un sistema donde las familias y los estudiantes asumen gran parte de los costos educativos, lo que genera barreras de acceso y refuerza las desigualdades, contrastando con el modelo predominante en la OCDE, donde el financiamiento público, juega un rol central.

Esto no se debe a que el Estado no invierta en educación superior (es todo lo contrario), sino a la gran oferta de educación superior en el país, respecto al total de habitantes. Existe un arraigo cultural y presión social sobre la necesidad de ser “profesional”, para lograr acceder a puestos de trabajo con buenas remuneraciones.

Por ejemplo, este 2024 la gratuidad universitaria (pública y privada), alcanzará 2 mil 172 millones de dólares. Pero según el informe de Contraloría “Financiamiento Público a la Educación Superior”, el año 2022 las 18 universidades estatales de Chile recibimos solo 13,3 % del monto destinado a Gratuidad.

En resumen, hace décadas el actual sistema sigue provocando un escenario de debilitamiento de las universidades públicas. Hoy concentramos apenas 16,6% de toda la matrícula de educación superior nacional.

Es evidente que el rol del Estado y sus instituciones es irremplazable, y es urgente implementar medidas que fortalezcan la educación universitaria pública, para que cada joven se forme y progrese en igualdad de condiciones, con la calidad y medios necesarios, sin más precio que el esfuerzo de estudiar.

La educación pública es un pilar para el desarrollo social, económico y cultural. Forma personas con amplio sentido crítico, compromiso con el bienestar territorial y colectivo, lejos de la individualidad propia del mercado. Por ello, implementar pronto medidas que fortalezcan la educación pública —y que eviten su grave debilitamiento— es urgente para una sociedad más justa, con mayor movilidad social, para formar jóvenes en áreas de su interés y que el país requiere; no según lo que la oferta les impone.